The 2-Minute Rule for abogados alerta roja interpol
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El principio de legalidad establece que la extradición solo puede llevarse a cabo si todos los requisitos legales involucrados en el proceso se cumplen.
three. Como abogados expertos en casos de extradición pasiva, defendiendo y representando a personas que se encuentra en España y son objeto de una solicitud de extradición de otro país. Entre nuestras labores implica:
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Beatriz Uriarte fue la responsable de mi caso y desde el primer momento, me recomendó retractarme de mi versión y confesar lo ocurrido realmente. Gracias a ella y a su equipo de expertos se archivó la denuncia. Volvería a contar con ellos sin lugar a dudas.
Desde Lealta Abogados penalistas somos expertos en los casos de extradición activa o pasiva, contamos con experiencia y diversos casos de éxito de nacionales pedidos en extradición por terceros países, o bien nacionales o extranjeros pedidos en extradición por España encontrándose en el extranjero
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La Alerta Roja Internacional es un instrumento o mecanismo utilizado en el plano internacional para solicitar la detención preventiva de una persona con miras a su extradición, sustentada en una orden de detención o sentencia judicial de condena, dictada por las autoridades judiciales del país interesado o requirente a través de la Organización Internacional de Policía Legal (INTERPOL).
El principio de non bis in idem establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. Por lo tanto, si useful source el individuo ya ha sido juzgado y condenado o está siendo juzgado en España por los delitos que fundamentan la solicitud de extradición, esta se puede denegar.
Como abogados especialistas en extradiciones, debemos conocer, que una extradición no se concede ante los siguientes supuestos:
El tratado de extradición entre estos dos países se viene aplicando desde 1892. A pesar de ser un acuerdo muy antiguo, ya preveía la prohibición de la extradición pasiva si se reclamaba a una persona a fin de juzgarla por delitos políticos.
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En estos casos, España prefiere que los delitos sean investigados y juzgados internamente para asegurar el debido proceso y la correcta aplicación de la ley.
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